Objetivo

Conversión de los Secretarios en Jueces para dictar sentencias de la misma complejidad que en su día asumían los Jueces de Distrito, DOBLANDO LA PLANTA JUDICIAL.

De este modo se obtendrá una mejora completa del estatuto profesional de los actuales Secretarios Judiciales concretada en tres aspectos clave:

Incremento retributivo,

Independencia garantizada,

Dignidad correspondiente a un cuerpo superior del Estado.

Para hacer posible esta judicialización se propone además:

Atribución al personal Funcionario de las tareas actualmente encomendadas a los Secretarios y de firma propia en los términos que marquen las leyes de procedimiento.

Derogación de todos los preceptos legales y reglamentarios que utilizan la denominación Letrados de la Administración de Justicia, reservando dicha nomenclatura a los Abogados que actúan ante los Tribunales en defensa de intereses públicos o privados.

Encomienda a los Procuradores de competencias muy amplias en la ejecución en todos los órdenes jurisdiccionales, sin perjuicio del control judicial de las cuestiones que establezca la ley.

Ahorro de recursos públicos de las diversas Administraciones Públicas con competencias en justicia, evitando el costo de la realización de obras o la creación continuada de nuevos juzgados, que el país no puede permitirse, lo que se conseguirá añadiendo al actual Secretario como un segundo Juez del mismo Juzgado y otorgando fe pública propia a todos los componentes de la administración de justicia, en las tareas a cada cual legalmente encomendadas.


Con todo ello se reconoce el esfuerzo de todos:

Apoyando a la Judicatura para duplicar la planta judicial y eliminar injerencias políticas y administrativas en los Juzgados y Tribunales, volviendo a colocar en el centro de gravedad del sistema a la tarea resolutoria;

Apostando por la reivindicación de firma propia del personal Funcionario y por la atribución al mismo de labores de mayor complejidad, acordes con la cualificación real que siempre han venido demostrando;

Reservando exclusivamente el nombre de Letrados para los Abogados en ejercicio, por haberlo así ganado históricamente dichos profesionales con el prestigio y altura jurídica de su labor y porfiando por ofrecer una mejor y más agil respuesta jurídica a sus demandas;

Recompensando la colaboración leal y continúa que han prestado siempre los Procuradores con esta administración y que nunca ha recibido el trato que merecía, y sí mucho recelo y desconfianza sin sentido;

Economizando, de presente y a futuro, recursos financieros de las Administraciones Públicas, para mejor retribuir a todos los integrantes de la administración de justicia, aumentar los medios de la misma, o destinarlos a otros fines públicos preferentes si así se estimare oportuno.

En definitiva, es necesario, resolver dos cuellos de botella que ahogan a esta administración: la sentencia y la ejecución y puede hacerse si todos los colectivos trabajamos en equipo.

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